PAUs de ayer y hoy: justicia espacial?


Programas de Actuación Urbanizadora. PAU´s.

El presente artículo intenta indagar el origen y recorrido que ha tenido el concepto PAU en nuestro territorio, la posición de abuso administrativo de los Ayuntamientos y las nuevas oportunidades de negocio de los empresarios no propietarios de suelo, o la nueva concepción de los derechos y deberes de los que si lo son, un tema que gira en torno al derecho de propiedad, el interés general y el modelo social art. 47 de la Constitución Española, hacia una nueva cuestión urbana, la justicia espacial.

“Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos.”

Partiendo de estas grandes intenciones, la realidad temporal ha generado dudas, en al menos tres grandes conceptos: vivienda (digna y adecuada), especulación y plusvalías.

1. Nunca se ha definido la vivienda, qué es?.

El tratamiento de la vivienda como función pública y no como objeto exclusivo del derecho privado, debe refierse al mandato a los poderes públicos en cuanto que éstos están obligados a definir y ejecutar las políticas necesarias para hacer efectivo aquel derecho. Y por otra parte, se deriva la necesidad de abordar una política social en materia de vivienda como fórmula para que importantes sectores de la población, (recursos económicos limitados, emergencias sociales, grupos vulnerables de población, etc…) puedan acceder a una vivienda digna y con dignidad.

Es lejaníiiiiisimo, pero tanto en el art. 31 del extinto Fuero de los Españoles de 1945, como en la Declaración XII,2, del Fuero del Trabajo de 1938 precisaban mejor “la tarea”. (“El Estado facilitará (asume la tarea de multiplicar y hacer asequibles a todos los españoles) el acceso a las formas de propiedad más íntimamente ligadas a la persona humana: hogar familiar, heredad, útiles de trabajo y bienes de uso cotidiano”). (¿…persona humana…?)
Queremos entender que la vivienda sirve para alojar y constituir hogares, en sus múltiples fórmulas, unipersonales, monoparentales, numerosas… Esta se diferencia del resto, vivienda de inversión, vivienda de vacaciones o segunda residencia, etc. Hogares frente al resto de edificaciones de uso residencial. No parece tan complicado asignar un adjetivo al parque residencial en función de su uso principal. No puede haber dudas, o estaremos mezclando función social y derecho privado. Agua y aceite. De los datos del último Censo de Población y Vivienda de 2011 sabemos que equiparan hogares a viviendas principales, pero poco más. El resto o son no principales o vacías. Falta rigor. Interpretamos que un municipio con una tasa alta de viviendas no principales dedica sus infraestructuras y servicios a terceros de paso (turismo), pero no es tan simple. Las variables de edad y estado de la edificación no aparecen cruzadas. ¿Cuántos pueblos tienen “ruinas con corral” de más de 75 años, y no están vacías ni son viviendas no principales? Imposible obtener la información pero fácil de observar. La población de hecho y de derecho puede aclarar algo. Rigor del siglo XXI, por favor.
2. Especulación (inmobiliaria, claro está): adquisición de terrenos o bienes inmuebles con la única intención de revenderlos posteriormente, esperando obtener un beneficio económico debido a las fluctuaciones de los precios del mercado. Aquí entra el derecho privado.

Para defendernos de la vorágine especuladora de hacer y hacer viviendas el Real Decreto 2/2008, Texto Refundido Ley del Suelo 2008 (TRLS-2008), afirma que debe destinarse a la urbanización sólo el suelo “preciso para la satisfacción de las necesidades que lo justifiquen, impidiendo la especulación”, la cual se limita a reiterar lo dispuesto en los artículos 47 CE y 2.1 de la propia Ley que obligan a “utilizar el suelo conforme al interés general y la necesaria adecuación de la ordenación urbana al principio de sostenibilidad ambiental”.

Urbanizar suena mejor que artificializar el suelo. Desde 2005 el Observatorio de la Sostenibilidad (OSE) en España, dependiente del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, y junto a la Universidad de Alcalá de Henares publicaba (no renovó en 2014) informes anuales de “rutina informativa” analizando “…el desarrollo desde la nueva lógica de la sostenibilidad, abordando el análisis del metabolismo económico y los flujos de materiales y energéticos, considerando especialmente la perspectiva de la ecoeficiencia en los procesos productivos, el desarrollo económico, la integración social, el bienestar y la buena gobernanza”… Basadándose en un sistema de Indicadores solventes compatibles con las Estrategias Europeas de Desarrollo Sostenible (EEDS) según el modelo Fuerza Motriz-Presión-Estado-Impacto-Respuesta (FPEIR), estructuraba cuatro bloques, Sostenibilidad Socioeconómica, Sostenibilidad Ambiental-Territorial, Procesos de Sostenibilidad y Gobernanza y Sostenibilidad Global.

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No se puede hablar de PAU’S sin mencionar la Sentencia del Tribunal Constitucional 61/1997, de 20 de marzo. Hubo un antes, bastante lineal, y un después, incierto y abrupto. Hablamos de competencias exclusivas en materia de legislación urbanística y del principio de propiedad.

Se quebró el sistema urbanístico español y concretó el régimen de distribución de competencias, así las Comunidades Autónomas tendrán la exclusiva competencia para legislar en materia de urbanismo, y reducen al Estado en materia de regulación de los principios esenciales del estatuto de la propiedad como función social.

Pues bien, como consecuencia de la declaración de inconstitucionalidad de la mayor parte del TRLS92 (Texto Refundido de la Ley del Suelo 1992 ) se produjo la recuperación de la vigencia, con carácter supletorio, del TRLS76 (Texto Refundido Ley del Suelo 1976), en cuanto que fuese compatible con el texto vigente, no declarado inconstitucional, del TRLS92, sin olvidar la vigencia de la Ley 7/1997, de 14 de abril, de Medidas Liberalizadoras en materia de Suelo y de Colegios Profesionales, de convalidación del R.D.L. 5/1996, de 7 de junio, de dudosa constitucionalidad.

Ante este panorama, las Comunidades Autónomas se encontraron con la necesidad de dotarse, a corto o medio plazo, de una legislación urbanística propia, teniendo, en ese momento, las cinco alternativas siguientes a adoptar:

  • Mantener la situación transitoria derivada de la Sentencia del Tribunal Constitucional, de 20 de marzo de 1997, que suponía la aplicación supletoria del Texto Refundido de 1976 respecto de los artículos anulados del Texto Refundido de 1992.
  • En uso de las competencias autonómicas exclusivas para legislar en materia de urbanismo, recuperar íntegramente el Texto Refundido de 1992, sin pronunciarse expresamente sobre la Ley 7/1997, de 14 de abril.
  • En uso de las competencias autonómicas exclusivas para legislar en materia de urbanismo, recuperar íntegramente el Texto Refundido de 1992, y pronunciarse expresamente sobre la Ley 7/1997, de 14 de abril, para evitar las dudas sobre su constitucionalidad.
  • En uso de las competencias autonómicas exclusivas para legislar en materia de urbanismo, recuperar, en lo básico, el marco anterior a la sentencia del Tribunal Constitucional, complementándolo con algunas medidas de alcance limitado que modificasen o matizasen aspectos concretos del sistema jurídico-urbanístico.
  • En uso de las competencias autonómicas exclusivas para legislar en materia de urbanismo, crear una situación transitoria específica, que derogue la legislación estatal anterior, excepto los preceptos vigentes del Texto Refundido de 1992.
Y claro está hubo de todo, como en botica. Legislar, legislar, legislar. El rigor era ambicioso, pero el mercado es canalla. Y varias veces Europa (tan maternal) nos ha dicho qué no, y qué no; que las cosas no sólo son legislar. Hay que respetar, las personas no se legislan, las situaciones del mercado, generalmente, incluyen personas (da igual que fueran nativos o europeos de fuera…)

La Unión Europea insiste en que el urbanismo debe responder a los requerimientos de un desarrollo sostenible, minimizando el impacto de aquel crecimiento y apostando por la regeneración de la ciudad existente, por ejemplo, en la Estrategia Territorial Europea o en la más reciente Comunicación de la Comisión sobre una Estrategia Temática para el Medio Ambiente Urbano (LCEur 2004, 793) , para lo cual propone un modelo de ciudad compacta y advierte de los graves inconvenientes de la urbanización dispersa o desordenada: impacto ambiental, segregación social e ineficiencia económica por los elevados costes energéticos, de construcción y mantenimiento de infraestructuras y de prestación de los servicios públicos.

Desde esta perspectiva, todo el suelo rural tiene un valor ambiental digno de ser ponderado y la liberalización del suelo no puede fundarse en una clasificación indiscriminada, sino, supuesta una clasificación responsable del suelo urbanizable necesario para atender las necesidades económicas y sociales, en la apertura a la libre competencia de la iniciativa privada para su urbanización y en el arbitrio de medidas efectivas contra las prácticas especulativas, obstructivas y retenedoras de suelo, de manera que el suelo con destino urbano se ponga en uso ágil y efectivamente.
Y el suelo urbano -la ciudad ya hecha- tiene asimismo un valor ambiental, como creación cultural colectiva que es objeto de una permanente recreación, por lo que sus características deben ser expresión de su naturaleza y su ordenación debe favorecer su rehabilitación y fomentar su uso. Y entre tanto liberal, no olvidemos que desde hace más de 150 años, con la vieja revolución industrial, la ciudad asumió el papel de regulador de las desigualdades.
Y en eso basó la civilización moderna el concepto de ciudad. Las igualdades en ciudadanía, lo son porque así lo hemos decidido. Las ciudades soberanas son de ciudadanos soberanos. “…en el gran teatro metropolitano, las injusticias sociales se manifiestan cada vez más en forma de injusticias espaciales…”.
Desigualdad social y justicia espacial, las consecuencias del cambio climático y los problemas asociados a la movilidad son derechos ciudadanos. Derecho a opinar, derecho a manifestarse. Derecho a tener derechos.
Información para el siglo XXI.

Los abusos del desarrollismo urbanístico: Planeamiento urbanístico y clasificación de suelo urbanizable, la responsabilidad y participación de los actores y las propuestas a futuro sobre qué hacer con los espacios ya sobrecalificados.


Todos quieren Plan. Porqué? Qué ventajas hay en tener Plan General? Es evidente que mejor tener que no tener, salvo para algunos. Pero tenerlo sin más, no garantiza nada. Cuesta mucho dinero y además envejecen muy mal. Experiencias de todo tipo ha habido en España. Y extrañas, más aún.

El documento que define la ordenación urbanística de todos los terrenos que se encuentran dentro del término municipal es una labor compleja, pero técnicamente debe contener las intenciones políticas de quien lo encarga y satisfacer al órgano vigilante en la Comunidad Autónoma (políticamente predispuesto o no)

A veces, no es un nuevo plan el problema. La modificación, adaptación, o revisión, supone incluir parámetros adoptados (políticamente) de muy difícil digestión. Y así en España tenemos cientos de situaciones. Aceptamos los Convenios, o cumplimos la ley (de no aceptarlos, devolver el dinero ya gastado y esperar en los tribunales sentencias condenatorias contra el Planeamiento futuro?)

Los ejemplos nos dan a entender una serie de desgracias administrativas-políticas y económicas. Y jurídicas, ¿qué garantía o seguridad jurídica tiene desarrollar suelo con PGO anulado, suspendido, paralizado o en trámite? Y qué información pública hay de terrenos sujetos a actuaciones jurídicas?

Y así tenemos casos de todo tipo. Santa Cruz de Tenerife y la COTMAC se han visto envueltos en una larga y costosa polémica para dar vida a un PGOU con el “fuera de ordenación” delicadísimo. O Madrid y los PAU’s del Norte, que ya en el documento original de 1997 merecían una mención especial y el TSJ se encargó de recordar no hace mucho, obligando un PGOU express de 2013; o Gijón, y el TSJA dando la razón a quienes no obtuvieron respuesta de unas alegaciones en período de información pública; o Llanes, quien ha visto anulados tres PGO sucesivos y ha de volver a … ( si ya no hay dónde volver…); o Castellón, o Denia,…

Los Planes Generales se ven sobresaltados por el principio de jerarquía normativa que les abruma. Aprobemos, por ejemplo, un Plan de Aglomeración Urbana, un Plan de Ordenación Litoral, unas Directrices Territoriales, y la puntilla una nueva Ley del Suelo. ¿Cómo navegar entre tantas tormentas, sin vela ni timón y sin motor?. A la deriva.

El modelo de colonización del suelo a largo plazo se define mediante un esqueleto vertebrador, configurado por los sistemas generales estructurantes (comunicaciones, espacios libres, equipamientos y servicios), la clasificación del suelo y la calificación del mismo. ¿Cuántos crecimientos especulativos se hacen al albur de infraestructuras (hoy innecesarias, inútiles e impresentables)? Crecer en el territorio artificializado en “mancha de aceite”, o en “dedos de guante” es conocido, pero para quién? Basamos entonces nuestro esquelo en el PITVI 2012-2014 Plan de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, reconociéndonos ser usuarios y clientes de sus iniciativas.

Regular el suelo urbano (detalladamente) no parece sino un ejercicio de catalogación. Madrid acometió un ambicioso proyecto de “fichar” toda la almendra central, pero el ciudadano no puede obtener información de aquello, es una odisea. Si no sirve nada más que para “ellos”, algo falla.

Regular genéricamente el suelo urbanizable es dar pasto a los especuladores (areas de reparto y aprovechamientos tipo, han creado una subasta entre CCAA por ver quien pide menos a cambio de conceder el don de urbanizar…, o aprovechamiento medio) y regular lo preservable del suelo no urbanizable es luchar con el ala dura conservacionista y los informes sectoriales siempre ávidos de tener la exclusiva gestión de sus ámbitos de poder (Aviación Civil, Puertos, Carreteras, Confederaciones Hidrográficas, Defensa, Parques Nacionales o Regionales, Renfe, Adif, etc…)

El Programa de Actuación y el estudio económico-financiero, demuestra la viabilidad o credibilidad en dónde los auditores siempre deberían fijan su lupa.

El código regulador, la normativa urbanística, está llevando a extremos tales el caos, que o bien por incoherencias, o criterios estéticos del iluminado de turno, justifica la creación de oficinas de interpretación técnica de la norma. ¿Es que no se dan cuenta de lo que escriben?

La documentación gráfica, planos generales, de detalle y complementarios, generan a su vez dos colecciones de planos, los de ordenación y los de gestión. Por fin respiramos tranquilos con la aparición de técnicas digitales de geolocalización, que no den pie a más dudas o irrealidades que por bien dibujadas no existen, o sean congruentes. Aquí el rigor choca con la divergente actuación del registro de la propiedad (Ministerio de Justicia) y el Catastro (Ministerio de Hacienda). Pronto trabajarán juntos y a la vez y sobre lo mismo.

Y además contiene ficheros de ámbitos de ordenación heredados e inconclusos (incorporados), o aquellos oportunamente individualizados para su ordenación diferenciada, por el oportuno equipo redactor (remitidos) o específicamente justificados por motivos sensatos de escala o valores especiales de protección, y además los catálogos de protección.

Pero las determinaciones, bien sea en Planes Generales o en otras figuras, parecen más un ejercicio político que ciudadano. Implantar un mes de información pública como única parcticipación ciudadana, es como un chiste. Pero no revisar sus previsiones de partida (a veces 10 años antes de la efectividad jurídica de la aprobación definitiva) sobre la marcha real del territorio es una condena injusta para los ciudadanos, el territorio y las arcas municipales del futuro.

“Rubbish in, rubbish out”. Si los datos de partida para una propuesta son escasos de rigor, nada augura un buen fin. ¿Sabemos de los problemas del territorio o el Plan General es una excusa para abrir nuevos frentes “limpios”? Siempre editar es más laborioso que crear. Quienes deben saber del estado real del parque edificatorio (generalmente viejo, ineficiente, excesivo, insostenible), proponen programas de actuación y ordenanzas fiscalizadoras, dónde el ayuntamiento ostenta las competencias de policía, pero no las de información. La Administración Local, nuestros ayuntamientos, desbordados por las deudas (35.090.411.000€ de los Ayuntamientos, 5.994.894.000€ de Diputaciones, Consejos y Cabildos Insulares y 394.327.000€ de Entidades Locales Menores, Mancomunidades, etc, a 31.12.2013), se ampara en la Ley 27/2013 de racionalización y sostenibilidad, para consagrar la estabilidad presupuestaria como principio rector de sus actuaciones, y se reforma el art. 135 de la Constitución Española.

Y qué hacemos con los suelos sobrecalificados?. Pues si cumplimos la ley, cuidarlos (mantenerlos en condiciones de seguridad, salubridad y ornamento público).  El régimen de deberes y derechos de los propietarios del suelo, existe en todas las leyes del suelo, no nos olvidemos, y además queda reforzado en la Ley 8/2013 de 26 de junio, de Rehabilitación, Regeneración y Renovación urbanas (en adelante, LRRRU). Asistimos perplejos a procesos extraordinarios de regularización diversa (catastral, urbanística municipal…) siempre desde la fiscalización, pero la Fiscalía General del Estado en su memoria de 2013 (3.6.7.5 Demoliciones) observa todo tipo de respuestas, …paradojas.  ¿Dónde están las garantías exigidas a los urbanizadores que nos han dejado sus “cadáveres exquisitos”?, y de verdad nos creíamos que el 6% de las obras necesarias avalaban su final?. Tampoco parece bien resuelto la escasa regulación y tutela de los Ayuntamientos en la recepción provisional y definitiva de las obras de urbanización. Profesionalidad o justicia.

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Sistemas de Información Territorial (SITs) y Sistemas de Análisis Territorial (SATs), por una nueva cultura del Territorio


Intentaremos en este artículo esbozar el complejo sistema de fuentes documentales, básico, para conocer nuestro territorio. Las fuentes aquí recopiladas no son sino una parte, mayormente pública, dónde bebemos todos los “geoinquietos”, “territoriantes”, ciudadanos, críticos, analistas, consultores…

Da igual cómo se reconozca uno frente al problema compartido del territorio. Rural o urbano, vivienda u hogares, desarrollo sostenible, cambio climático, infraestucturas, costa, turismo, todo nos afecta y se asienta en nuestro territorio. Actividades económicas y sociales, pero un solo territorio que mantener y transmitir. Casi nada¡

La Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo, conforme al RD 451/2012, de 5 de marzo, que desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Fomento, ejerce entre otras, las siguientes funciones:

  • El diseño, el mantenimiento y la actualización del Sistema de Información Urbana (SIU) a que se refiere la disposición adicional primera del Texto Refundido de la Ley de Suelo, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, para la Recogida y Tratamiento de datos estadísticos sobre urbanismo y suelo, en coordinación con las demás administraciones competentes en la materia.
  • El apoyo y la colaboración con las Comunidades Autónomas y los municipios para el conocimiento y la difusión de las técnicas urbanísticas y la difusión de buenas prácticas en la materia.
  • El fomento y la elaboración de estudios y trabajos de investigación en relación con las políticas urbanísticas y de suelo, así como la recopilación y difusión de información sobre dichas políticas.
  • El apoyo técnico y la participación en los foros y organismos internacionales relacionados con las políticas urbanas, especialmente en el caso de actuaciones urbanas financiadas con fondos de la Unión Europea y en las redes nacionales e internacionales de información y conocimiento sobre políticas urbanas.

Para el cumplimiento y desarrollo de las funciones anteriores, se incluyen en este portal, contenidos relativos a la información sobre la realidad urbana en España desde diferentes ópticas. Esta información se desarrolla en torno al Sistema de Información Urbana (SIU)  del Ministerio de Fomento, los sistemas de información urbanísticos de las Comunidades Autónomas, la base normativa de nuestro sistema de planeamiento urbanístico y territorial, el conocimiento del sistema urbano español a través de la información estadística, etc. El Ministerio de Fomento, a través del Instituto Geográfico Nacional (IGN) y su Organismo autónomo Centro Nacional de Información Geográfica (CNIG), han puesto en marcha el Plan Nacional de Observación del Territorio (PNOT) con el que se ha diseñado un sistema de adquisición, coordinación y utilización de imágenes de satélite y aéreas del territorio español, que provea a las distintas Administraciones Públicas de las imágenes que necesiten de su territorio. Entre los diferentes proyectos enmarcados en el PNOT destacan, en el ámbito europeo, el CORINE Land Cover y, a escala nacional, el Plan Nacional de Ortofotografía Aérea (PNOA) y el Sistema de Información de Ocupación de Suelo (SIOSE). Todos ellos constituyen potentes herramientas básicas para realizar un seguimiento periódico de los diferentes estados del territorio en nuestro país, como queda patente en el informe “Cambios de ocupación del suelo en España: implicaciones para la sostenibilidad” obra del extinto Observatorio de la Sostenibilidad en España (OSE) analizando con rigor la dinámica del territorio y sus variables y sus implicaciones en la sostenibilidad.

El Ministerio de Vivienda presentó en abril de 2010 el Libro Blanco de la sostenibilidad en el planeamiento urbanístico español,  una publicación coordinada por la Dirección General de Suelo y Políticas Urbanas y que ha elaborado la Escuela Técnica Superior de Arquitectura, de la Universidad Politécnica de Madrid, a través de su Departamento de Urbanística y Ordenación del Territorio. Como todo Libro Blanco, su finalidad estriba en servir de informe y guía, aportando un conjunto argumentado de propuestas de actuación, en este caso, con el fin de alcanzar una mayor sostenibilidad en el ámbito de la planificación urbanística. El documento pone de relieve la vinculación que deben guardar el planeamiento urbanístico y el principio de sostenibilidad. Los planes urbanísticos –origen y fuente del crecimiento y ordenación de nuestras ciudades–, deben permitirnos alcanzar ámbitos urbanos respetuosos con los entornos naturales, modelos de crecimiento que busquen la excelencia en la reducción del consumo energético y ciudades que promuevan la cohesión social, la igualdad, la innovación y una mejor calidad de vida.

El IGN, como Centro Nacional de Referencia en Ocupación del Suelo, dependiente del Punto Focal Nacional (Ministerio de Medio Ambiente), tiene como uno de sus objetivos prioritarios coordinar la información en materia de ocupación del suelo (coberturas y usos) en España utilizando como soporte para la transmisión de la información el que facilita la Red EIONET. Por este motivo, el CORINE Land Cover ha sido coordinado en España por el IGN, realizándose en toda la Unión Europea en los años 1990 y 2000. Se trata de una base de datos a escala 1:100.000 sobre la cobertura/uso del territorio. Con ambas bases de datos cartográficas se ha obtenido la información de cambios, fundamental para la evaluación de políticas de impacto medioambiental.

En cuanto al PNOA, se puede considerar como el proyecto básico de captura de información territorial, al cubrir, mediante imágenes digitales con resolución de medio metro, de forma periódica y conjunta la superficie de España. Esta información es el punto de partida y el marco de referencia para un gran número de bases de datos topográficas y temáticas que se generan sobre el territorio nacional.

Por otro lado, el nuevo Sistema de Información sobre Ocupación del Suelo de España (SIOSE),  donde se integrará la información de las Bases de Datos de Ocupación del Suelo de las Comunidades Autónomas y de la Administración General del Estado, constituye un proyecto destinado a convertirse en un referente español, y europeo, en materia de información geográfica. El proyecto SIOSE pretende establecer una gran infraestructura de información geográfica de uso multidisciplinar, a escala de mayor resolución espacial (1:25.000) y actualizada periódicamente, a disposición de la Administración General del Estado, de las Comunidades Autónomas y de otros usuarios que, como el Observatorio de la Sostenibilidad en España (OSE), demandan este tipo de información. Reunirá en un único sistema de información los datos precisos para el conocimiento integral de la ocupación del suelo en España, con el propósito general de «recoger la información una vez» y «utilizarla por todos», de acuerdo con los principios de la iniciativa INSPIRE de la Unión Europea.

SIGECO es un portal web que permite acceder a datos técnicos y cartográfica geocientífica del Instituto Geológico y Minero de España (IGME), especialmente a la Cartografía Geológica Continua (GEODE). Responde a un gran esfuerzo de difusión del conocimiento geocientífico y  está diseñado para satisfacer  un amplio espectro de necesidades  de la comunidad  técnica, científica así como de la sociedad en general.

Promover la transparencia en materia de suelo y urbanismo, constituye el principal objetivo del Sistema de Información Urbana (SIU) desarrollado por la Dirección General de Suelo y Políticas Urbanas del Ministerio de Fomento en colaboración con las Comunidades Autónomas y demás Administraciones competentes en la materia. El SIU cuenta en la actualidad con información urbanística homogénea y comparable de más de 1.400 municipios y constituye una herramienta, de acceso libre y gratuito a través de Internet, que ha demostrado tener una gran potencialidad para la elaboración de informes y estudios en muy distintos ámbitos.

El proyecto AUDES–Areas Urbanas de España, del grupo Alarcos tiene como principal objetivo investigar sobre diferentes aspectos relacionados con la calidad de los sistemas de información, contribuyendo a la mejora de la docencia en la Ingeniería Informática y a aportar soluciones a la industria del sector. El grupo Alarcos está formado por profesores del Departamento de Tecnologías y Sistemas de Información de la Universidad de Castilla-La Mancha y tiene su sede en la Escuela Superior de Informática de Ciudad Real, donde cuenta con un Laboratorio de I+D. Además forma parte del Centro Mixto de Investigación y Desarrollo de Software UCLM-Soluziona de Ciudad Real. para facilitar de manera pública información sobre las áreas urbanas (AU) de España. Los objetivos son de naturaleza demográfica y estadística: los municipios no son adecuados para representar las características (superficie, población, riqueza, puestos de trabajo, etc.) de las ciudades porque el desarrollo de los medios de transporte ha supuesto que el área real que actúa como ciudad o área urbana desborde considerablemente los límites administrativos propiamente dichos. Así, es muy común que varios municipios adyacentes a uno central tengan fuertes vínculos socio-económicos (laborales, de enseñanza, de mercado) y, en la práctica, funcionen como una única ciudad “diseminada en el espacio”. También está el fenómeno de las llamadas “ciudades dormitorios”.

La Unión Europa, establece una Infraestructura de Datos Espaciales europea. El marco legal que regula esta infraestructura es la Directiva 2007/2/CE, de 14 de marzo de 2007, por la que se establece una infraestructura de información espacial en la Comunidad Europea (INSPIRE), dicha infraestructura debe basarse en las infraestructuras de información geográfica creadas por los Estados miembros. La transposición de Inspire al marco legal español se lleva a cabo por medio de la Ley 14/2010, de 5 de julio, sobre las infraestructuras y los servicios de información geográfica en España (LISIGE), que dispone las bases de la constitución de la Infraestructura de Información Geográfica de España, Los  datos  geográficos  y  servicios  proporcionados por las distintas Administraciones u organismos del sector público integrados en la Infraestructura de Información Geográfica de España estarán disponibles a través del Geoportal de la Infraestructura de Datos Espaciales de España (IDEE), cuyo responsable de su mantenimiento es la Dirección General del Instituto Geográfico Nacional.

El proyecto Instrumentos de Geosimulación y planificación ambiental en la ordenación territorial de ámbitos metropolitanos. Aplicación a escalas intermedias (SIMURBAN2) es un proyecto coordinado, financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad, en el que participan grupos de investigación de la Universidad de Alcalá (Unidad Docente de Geografía del Departamento de Geografía y Geología) y de la UNED (Departamento de Geografía). Su objetivo es proponer instrumentos y metodologías que ayuden a las administraciones a elaborar propuestas de ordenación del territorio más informadas y sostenibles, que permitan un desarrollo territorial más equilibrado en áreas fuertemente influenciadas por la expansión metropolitana. Para ello se utilizará una información de partida de reciente disponibilidad y escala más ajustada a la utilizada en la elaboración de los planes de ordenación territorial actuales.

Los metadatos son los “datos de los datos”, dan la información al usuario de las características de los datos publicados, describen las particularidades de, en este caso, las informaciones espaciales, explican qué se representa y cómo se representa, ¿de dónde proviene la información y qué procesos y elaboraciones ha experimentado hasta llegar a ser lo que es?. En términos generales, los metadatos proveen información acerca de la fecha de creación de los datos, el sistema de referencia y el modelo espacial que usan, las condiciones legales que ostentan, la escala original, de dónde provienen, etc. Los metadatos del Portal de Suelo y Políticas Urbanas se estructuran mediante tres categorías básicas:

  • Ocupación del Suelo: información de ocupación y usos del suelo
  • Planeamiento urbanístico: categorías del suelo en áreas urbanas
  • Límites administrativos: límites y códigos administrativos

Mediante los servicios de metadatos se pretende dotar al usuario de la información sobre los datos consultados a través del Portal de Suelo y Políticas Urbanas, permitiendo por tanto una mayor precisión en la búsqueda y posterior explotación e interpretación de la información ofrecida. La búsqueda de información puede realizarse mediante parámetros geográficos (de localización espacial) usando un mapa interactivo

El Observatorio de la Vulnerabilidad Urbana es un proyecto a largo plazo del Ministerio de Fomento, donde se pretende dar cabida a distintos estudios relacionados con la Vulnerabilidad Urbana en España. El Observatorio de la Vulnerabilidad Urbana contiene:

El Atlas Estadístico de las Áreas Urbanas en España tiene como objetivo fundamental dar a conocer de forma territorializada, la situación en que se encuentran las zonas urbanas españolas con relación a una serie de parámetros como población, vivienda, servicios, infraestructuras o planeamiento urbanístico.

El Atlas de la Edificación Residencial en España permite analizar diversas variables – a nivel de sección censal y en todos los municipios de España- referidas a la edificación, y, en particular, a los edificios destinados predominantemente a vivienda. Se ha realizado a partir de los datos del Censo de Población y Viviendas de 2001, estando prevista su actualización una vez estén disponibles los datos del nuevo Censo de 2011. Para cada una de las 34.251 secciones censales de los 8.108 municipios españoles, el Atlas de la Edificación Residencial en España ofrece la posibilidad de realizar mapas temáticos personalizables por el usuario, bien mediante la representación por coropletas (61 mapas), bien mediante la representación por símbolos (22 mapas), o combinando y superponiendo ambas. Se incluye también el Informe “Análisis de las características de la Edificación Residencial en España”, con los resultados a nivel nacional y por Comunidades Autónomas.

La Red de Iniciativas Urbanas (RIU) constituye una de las Redes Sectoriales previstas en el Marco Estratégico Nacional de Referencia de España, para el periodo de fondos 2007-2013 como principal mecanismo de coordinación en materia de desarrollo urbano y fondos comunitarios. La Red constituye un instrumento esencial para poder incorporar la necesaria dimensión urbana en la gestión y programación de los fondos europeos y se plantea como un foro abierto de intercambio de experiencias y buenas prácticas urbanas que hayan recibido financiación comunitaria, que también servirá para analizar y dar respuesta a los posibles problemas y aclarar las dudas suscitadas por la aplicación de la normativa en materia de fondos europeos destinados al desarrollo urbano.

El Catastro Inmobiliario es un registro administrativo dependiente del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas en el que se describen los bienes inmuebles rústicos, urbanos y de características especiales. Está regulado por el Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario RDL 1/2004 de 5 de marzo, la inscripción en el mismo es obligatoria y gratuita, características que lo diferencian del Registro de la Propiedad. La descripción catastral de los bienes inmuebles incluye sus características físicas, jurídicas y económicas, entre las que se encuentran su localización, referencia catastral, superficie, uso, cultivo, representación gráfica, valor catastral y titular catastral. La Dirección General del Catastro cuenta con información alfanumérica y cartografía catastral correspondiente a todos los bienes inmuebles de su ámbito de competencia. Los ciudadanos pueden acceder a la información catastral utilizando como medio preferente la Sede Electrónica del Catastro, además pueden acudir a las Gerencias del Catastro y a los Puntos de Información Catastral La información Catastral se suministra en forma de productos catastrales y a través de los servicios de la Sede Electrónica del Catastro. La finalidad originaria del catastro es de carácter tributario, proporcionando la información necesaria para la gestión, recaudación y control de diversas figuras impositivas por las Administraciones estatal, autonómica y local. A estos efectos, el Catastro facilita el censo de bienes inmuebles, su titularidad, así como el valor catastral que es un valor administrativo que corresponde a cada inmueble y que permite determinar la capacidad económica de su titular. Además de la función tributaria, en los últimos años se han incrementado notablemente los usos y utilidades de la información catastral por parte de Administraciones, ciudadanos y empresas. Como novedad más reciente en este ámbito cabe citar el servicio de descarga masiva de información catastral, disponible desde abril de 2011 y que pone gratuitamente a disposición de empresas y particulares la información catastral, incluyendo la posibilidad de su reutilización.

Cartociudad, es un proyecto colaborativo de producción y publicación mediante servicios web de datos espaciales de cobertura nacional. Contiene la siguiente información: Red viaria continua (calles con portales y carreteras con puntos kilométricos), Cartografía urbana y toponimia, Códigos postales y Distritos y secciones censales. Está liderado y coordinado por el Instituto Geográfico Nacional (IGN). Se genera a partir de datos oficiales del IGN, la Dirección General del Catastro, el Grupo Correos y el Instituto Nacional de Estadística. Además, colaboran en su elaboración las comunidades autónomas de País Vasco, Navarra, Comunidad Valenciana, La Rioja, Baleares y Andalucía.

En la Declaración Institucional de Programas de Mejora del Reino de España 2012, dentro del capítulo de Consolidación fiscal, apartado Mejora en la Gobernanza económica, disciplina y transparencia presupuestaria, se plantea el Programa Nacional de Reformas, y la Ley de Transparencia”, Ley 19/2013 de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, con el objetivo de mejorar la eficacia, la transparencia del sector público y la rendición de cuentas de los gobernantes; asimismo la Ley de Regeneración urbana y fomento del alquiler”, aboga por el cambio del modelo de suelo urbano español y potenciar los usos terciarios, industriales y tecnológicos; modificar el régimen de valoración del suelo; impulsar la rehabilitación; eliminar obstáculos en el sector; estimular la participación de nuevas empresas y fomentar el alquiler, y fomentar la transparencia en el sector de suelo y vivienda: incremento del acceso de los ciudadanos a la información urbanística e incorporación de nuevas garantías jurídicas a los ciudadanos, en general, y a los propietarios y adquirientes de buena fe, en particular. Toda una declaración de intenciones.

Pero muchos más colectivos participan de la ordenación del territorio en sus múltiples facetas, las Confederaciones Hidrográficas,  agentes responsable del circuito del agua, han venido funcionando ininterrumpidamente desde su nacimiento en 1926 desempeñando un importante papel en la planificación hidrológica, gestión de recursos y aprovechamientos, protección del dominio público hidráulico, concesiones de derechos de uso privativo del agua, control de calidad del agua, proyecto y ejecución de nuevas infraestructuras hidráulicas, programas de seguridad de presas, bancos de datos,…

Los Registradores de la propiedad y los Notarios, quienes buscan la aplicación de herramientas SIG para resolver la descoordinación actual en materia de datos gráficos, en la actualización de valores catastrales, y en el diseño de un Modelo de Datos Espacial en los Registros de la Propiedad. También se trabaja en líneas de investigación relacionadas con el estudio del Modelo de Datos Cartográfico en la Administración Local; y con la coordinación entre el Catastro y el Registro de la Propiedad, desde el punto de vista de la información gráfica y de la validez métrica de la cartografía utilizada, así como en la defensa del Patrimonio histórico.

La Sala Coodinadora de Medio Ambiente y Urbanismo de la Fiscalía General del Estado y sus Secciones especializadas, creada en 2005, quienes garantizan la instrumentalización efectiva del principio de unidad de actuación desde su la especialización de la institucionalización de una coordinación al más alto nivel de los esfuerzos de las distintas Fiscalías provinciales para atajar la delincuencia ambiental y urbanística; contra los delitos relativos a la ordenación del territorio y la protección del patrimonio histórico, del medio ambiente e incendios forestales, publicando anualmente sus actividades.

Mención aparte el INE, para quien de acuerdo con el Código de buenas prácticas de las estadísticas europeas, todos los usuarios tienen acceso a la misma información estadística al mismo tiempo y el acceso previo privilegiado a cualquier usuario externo debe ser limitado, controlado y hecho público. El Instituto Nacional de Estadística ofrece en su sitio web una gran cantidad de información estadística de libre acceso para todos los usuarios de la estadística oficial española. Sin duda en la actualidad, a pesar de la vigencia de otros canales de comunicación con nuestros usuarios, el medio Internet es el más importante, tanto por su inmediatez como por su extraordinaria capacidad de almacenamiento y transmisión de contenidos. Junto con los datos estadísticos que se ofrecen sobre la economía, la demografía y la sociedad española en esta web también se encuentra información de carácter institucional y metodológico, así como sobre diversas actividades y servicios que el INE ofrece a los distintos segmentos de usuarios.

Las 17 Comunidades Autónomas, las 41 Diputaciones Provinciales, los 8116 Ayuntamientos y 1432 Mancomunidades, 7 cabildos, 4 consejos insulares ejercen desde sus limitados campos de acción las competencias que en materia de urbanismo, planeamiento y vivienda que han de llegan al ciudadano en forma de servicios. El Consejo de Ministros aprobó el Acuerdo por el que se crea una Comisión para la reforma de las Administraciones Públicas.

Dentro del Programa de Reformas del Gobierno 2013 y del Programa de Reformas del Gobierno 2014 una parte esencial se refiere a la reforma de las Administraciones Públicas. España necesita una Administración Pública austera y eficiente que sea un valor competitivo para nuestro país. Es necesario, en consecuencia, racionalizar estructuras, procedimientos y recursos. A esta voluntad responde la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que constituye un hito en la gestión de los recursos públicos al establecer objetivos concretos de gasto y endeudamiento para todas las Administraciones, así como la obligación de presentar planes dirigidos a su cumplimiento y los correlativos mecanismos para asegurar su consecución.

Mención aparte merece la Universidad. Geografía y Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje son áreas comunes y especialidades reconocidas por prestigiosas en España. Grandes Sociólogos, Urbanistas, Geógrafos ha dado y sigue dando nuestra Universidad. Una escuela de saber transmitido y compartido lleno de investigadores y científicos, porque, no nos olvidemos nunca, que ciencia es conocimiento, estructurado y sistemático, obtenido mediante la observación de patrones regulares, de razonamientos y de experimentación, a partir de los cuales se generan preguntas, se construyen hipótesis, se deducen principios y se elaboran leyes generales y sistemas organizados por medio de un método científico.

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28903-Tres Cantos (Madrid)


Cuál es el Modelo Territorial de Tres Cantos?

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Analizando el CATASTRO a fecha 3T-2014, sabemos que los Bienes Inmuebles (BI) de naturaleza urbana y de uso Vivienda, matriculados, y consolidados por décadas nos permiten identificar un núcleo tipológicamente singular: es NUEVO, ni el 1% del parque residencial es anterior a 1980, y ninguna menor de 120 m2c. Concebida como ACTUR (Actuación Urbanística Urgente en 1970) para descongestionar Madrid, y enclavada en el Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares, surge una nueva ciudad, segregada de Comenar Viejo en 1991, pertenece al selecto grupo de ALTAS RENTAS, 18.116 € de renta imponible media por habitante (2007), poca inmigración (la mitad que la media de la CAM) y baja tasa de paro (<7%), y es una ciudad de MEDIANA ESCALA de 45.000 habitantes, está bien comunicada, es segura, tiene niveles educativos espectaculares, amplia oferta de ocio y cultura y grandes y numerosas dotaciones favorecen el deporte y la sostenibilidad, unido a una industria limpia y de alta tecnología, un tejido empresarial con alto componente en I+D+i y el alto nivel de formación de sus JOVENES habitantes (60% con estudios superiores).

Empecemos: expropiadas 1.691 Ha. de urgencia a 17 ptas/m2 en 1971, no será hasta 1974 cuando el Instituto Nacional de Urbanismo (INUR) cree Tres Cantos SA bajo el modelo de “new Town”, para albergar 36.000 viviendas y un gran parque industrial y tecnológico (urbanismo concertado), redimensionado posteriormente redujo a 10.000 viviendas, zonificando a un lado y otro de la autovía de Colmenar. Hoy la gran estructura industrial reconvertida, y las inmensas manchas de unifamiliares adosadas, rodeando grandes dotaciones y equipamientos públicos, colmatan un proyecto de 25 años, dinámico, que forma el Area Metropolitana Norte de Madrid. Y surge la necesidad de un nuevo PG (que arranca en 2001) entre la vorágine de las infraestructuras viarias que van costriñendo cada más su suelo libre y reafirmando un modelo concreto de ciudad residencial y productiva, concretándose en mayo de 2003.

La gestión del sistema público de expropiación realizado por atribución a un Concesionario (Urbanizador) en 2004, mediante Concurso abierto (declarado desierto inicialmente) para el otorgamiento de la Concesión Administrativa de la Gestión Urbanística y la Ejecución del Planeamiento urbanístico del sector Area de Reparto NUEVO TRES CANTOS (único) a FCC Construcción SA en 2005, legitimó (tras denunciar el Convenio) el desarrollo al norte del municipio de 329 Ha. de superficie, con un importantísimo déficit de oferta de vivienda, estableciendo 6.900 viviendas o unidades habitacionales (más la singular Flexibilidad en 890 Apartamentos de techo máximo al parque existente. Un incremento previsto para un 30% más de habitantes, en febrero de 2006.

Sigamos, ya que desde entonces la retahíla técnico-jurídica no paró.

  • Código Técnico de la Edificación (CTE), aprobado por Real Decreto 314/2006, de 13 de marzo;
  • Adenda al Convenio Urbanístico suscrito el día 18 de febrero de 2005 entre el Ayuntamiento de Tres Cantos y FCC CONSTRUCCIÓN S.A., por el que se formaliza la concesión administrativa para la gestión y ejecución urbanística, mediante el sistema de expropiación, del sector y área de reparto de suelo urbanizable sectorizado “AR NUEVO TRES CANTOS” (“TRES CANTOS NORTE” ÁREA DE REPARTO Nº 1 DE SUELO
    URBANIZABLE), suscrita por el Ayuntamiento de Tres Cantos y FCC CONSTRUCCIÓN S.A. con fecha 28 de diciembre de 2006;
  • El Proyecto de Reparcelación del sector y área de reparto de suelo urbanizable
    sectorizado denominado “AR NUEVO TRES CANTOS” (“TRES CANTOS NORTE” ÁREA
    DE REPARTO Nº 1 DEL SUELO URBANIZABLE), aprobado definitivamente por acuerdo
    de Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Tres Cantos celebrado, en sesión
    ordinaria, el día 17 de mayo de 2007;
  • El Proyecto de Urbanización del sector AR “NUEVO TRES CANTOS”, aprobado definitivamente por acuerdo de Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Tres Cantos celebrado, en sesión ordinaria, el día 17 de mayo de 2007, contando con resolución favorable previa al informe de Evaluación Ambiental de Actividades, de fecha 15 de marzo de 2007;
  • Ley 3/2007, de 26 de julio, de Medidas Urgentes de Modernización del Gobierno y la Administración de la Comunidad de Madrid;
  • Ley 7/2007, de 21 de diciembre, Medidas fiscales y Administrativas;
  • Texto Refundido de la Ley del Suelo (Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio);
  • El Plan Especial para la Ejecución de 1.000 VPPA-OCJ correspondientes al Plan de
    Vivienda Joven de la Comunidad de Madrid en las parcelas RC. VPPB 1.1 Y RC.VPPB 1.2 del Sector AR Nuevo Tres Cantos, aprobado definitivamente por el Pleno del Ayuntamiento de Tres Cantos con fecha 30 de octubre de 2008;
  • Ley 3/2008, de 23 de diciembre, Medidas fiscales y Administrativas;
  • El Plan Especial de Vivienda Pública de la Comunidad de Madrid para la parcela R.SUP.VIS.CAM-1 Plan Parcial del SC “AR NUEVO TRES CANTOS”. aprobado
    definitivamente por la Comisión de Urbanismo de Madrid con fecha 28 de mayo de 2009;
  • El Plan Especial de Vivienda Pública de la Comunidad de Madrid para la parcela R.SUP.VIS.CAM-2 Plan Parcial del SC “AR NUEVO TRES CANTOS”, aprobado
    definitivamente por la Comisión de Urbanismo de Madrid con fecha 30 de julio de 2009;
  • Ley 10/2009, de 23 de diciembre, Medidas fiscales y Administrativas;
  • El Plan Especial para “Actualización y mejora de la ordenación urbanística” en el municipio de Tres Cantos, aprobado definitivamente por el Pleno del Ayuntamiento de Tres Cantos con fecha 25 de noviembre de 2010.
  • Ley 9/2010, de 23 de diciembre, Medidas fiscales y Administrativas;
  • Ley 6/2011, de 28 de diciembre, Medidas fiscales y Administrativas;
  • La Modificación Puntual del Plan Especial para “Actualización y mejora de la
    ordenación urbanística” aprobada definitivamente por el Pleno del Ayuntamiento de Tres
    Cantos con fecha 31 de enero de 2013.

Pero las cifras no dicen lo mismo. Del boom constructivo (considerando los BI matriculados) hasta el año 2000 (13.000 viviendas), se ha pasado a un lento goteo (1.000 viviendas) durante 10 años (7 más tres de crisis) hasta la puesta en carga de los suelos hábiles para su edificación en 2011 (869 viviendas) y 2012 (1.144 viviendas).

Y se dá aún otra realidad aún más testaruda. No todas las viviendas son iguales, libres o protegidas, unifamiliares o plurifamiliares, grandes o pequeñas. Casi el 70% del parque tiene más de 120 m2c (VLibre, Unifamiliares, Soto de Viñuelas,…) y ni tan siquiera el 3% es menor de 60 m2c. Pese a la voluntad manifiesta del Plan Parcial de servir a una demanda sin oferta, de una amplia población joven (casi el 60% es menor de 35 años) y de unos altos precios vinculados al tamaño y al mercado, la crisis económica no ha permitido ni poner en carga a buen ritmo la ocupación de las parcelas previstas, ni la revisión de las pautas edificatorias previstas. ¿Existe la demanda o se crea la oferta para localizar la demanda?

Qué sentido tiene justificar la innovadora mejora del Plan General en la reducción del tamaño la vivienda, si el 52 % (3.612 viviendas) son Libres, y del restante 48 % ( 2.505 VPPB menores de 110 m2 y 783 VPPL mayores de 110 m2).

Constatado en abril de 2013 desde el Ayuntamiento de Tres Cantos que desde la aprobacion del PGOU en 2003 la realidad ha variado, se afirma en los Antecedentes a la Modificación Puntual del PGOU, modificación de la claúsula de Flexibilidad en Apartamentos” en el ámbito del Sector AR Nuevo Tres Cantos …“La ejecución de 1.000 Viviendas con Protección Pública para Arrendamiento con Opción de Compra para Jóvenes (VPPA-OCJ) en el Sector ha cubierto ya más que sobradamente la demanda de la tipología de viviendas de entre 55 y 60 m² útiles”, “De cara a flexibilizar el mercado de viviendas multifamiliares según se justifica en la Memoria del Plan General, en todas las parcelas con uso residencial colectivo libre del Sector AR Nuevo Tres Cantos se permite la construcción de una unidad habitacional adicional por cada tres viviendasinicialmente previstas en la ficha urbanística del Plan Parcial. Todas las viviendas podrán construirse en régimen libre, estableciéndose un límite mínimo de 30 m²c. Además, del número máximo de viviendas inicialmente previstas en la parcela, al menos un 10% deberá contar con una superficie construida total igual o superior 150 m².”

…Y acabemos: se levantaron las 1.000 viviendas para jóvenes y se organizaron “Asociación las 1000 del Nuevo Tres Cantos” (1000N3C). Reclaman justas medidas tras el estudio de impacto sonoro y es que padecen la M-607, el tren de Cercanías y el AVE, y además el cumplimiento de promesas en relación con descuentos en el IBI. Ahora se ven en desventaja con los precios de un mercado libre y para mayor desgracia, han caído en las ocultas redes de venta de sus “420 contratos de alquiler con opción a compra” por parte de la CAM-FCC (…sin intervención alguna del Ayuntamiento de Tres Cantos…) a Gesnova (la gestora de cobros de Bankia-Habitat) y Blackstone-Magic Real Estate por 25 M € hace ahora 1 año.

¿Cuál es el modelo de territorio y el modelo social de cohesión? El del mercado…

nota: las tablas son de elaboración propia con los datos procedentes del Catastro.

la hipótesis edificada en el período 2014-2020 está obtenida por “otropunto” con el indicador DELVI (Demanda Endógena Latente de VIviendas).

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28903-128903-2 (imágenes 3D Término Municipal de Tres Cantos _GE-Pro_)

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La participación pública, el protagonismo de las Regiones, las directrices Territoriales y la Agenda 21.

 


El Gobierno del territorio, en cualquiera de sus posibles niveles políticos, (municipios, comarcas, regiones, Estados, y organizaciones internacionales) es un ejercicio de gran complejidad que requiere instrumentos propios de carácter normativo, de planificación y gestión.

La ordenación territorial es uno de los principales entre dichos instrumentos. Es una política transversal e integradora, basada en los principios de sostenibilidad, subsidiaridad, planificación y participación.

La ordenación del territorio precisa afianzar sus conceptos y métodos, tanto en general como en relación con las posibles escalas espaciales de su aplicación. Necesita igualmente una mayor implantación política, legal y administrativa así como un más amplio desarrollo ejecutivo en todos los niveles de organización territorial. Las relaciones entre instrumentos de distintas escalas y/o niveles políticos deben ser clarificadas y reguladas.

Los Modelos Territoriales son recursos idóneos para hacer explicitas las tendencias y propuestas de mejora del orden territorial; expresan sintéticamente las relaciones entre los elementos estructurantes del territorio, concretan las objetivos y compromisos políticos y facilitan la participación ciudadana.

La solución de los graves problemas que atraviesa la ordenación del territorio a nivel municipal en España pasa por:

  • La superación del estrecho concepto urbanístico actual y la recuperación de la credibilidad política en esta materia.
  • La atenuación de la actual dependencia de las finanzas locales de los ingresos por convenios urbanísticos y licencias de construcción;
  • El cumplimiento de sus propuestas y de la disciplina urbanística, mediante una más intensa dedicación policial y una mayor implicación judicial en los delitos contra la ordenación del territorio.

En toda España es imprescindible el desarrollo de instrumentos de ordenación comarcal y subregional. Principalmente en aglomeraciones metropolitanas y conurbaciones litorales, pero también en otros lugares, como las áreas de alta montaña o los valles con importantes valores naturales. Los planes de estas escalas establecen marcos de referencia que permiten evaluar y controlar las propuestas municipales. Para la formulación, aprobación, ejecución y seguimiento de dichos planes se necesitan estudios y aportaciones científicas (inexistentes en relación con muchos ámbitos hasta ahora escasamente considerados de forma unitaria), la cooperación intermunicipal y el impulso y la coordinación de los organismos insulares, provinciales y autonómicos competentes.

Las estrategias, directrices o planes territoriales para el conjunto de cada Comunidad Autónoma también tienen una presencia demasiado escasa y falta de firmeza en España. Las mejores experiencias españolas y de otras regiones europeas muestran que la disponibilidad de un instrumento de ordenación regional orienta mejor la articulación territorial con los niveles estatal y europeo, ayuda a coordinar las actuaciones horizontales y aporta referencias clave para la ordenación subregional, comarcal y local.

La Administración Central del Estado no puede inhibirse en los procesos de ordenación del territorio. Su intervención en esta materia tiene funciones reguladoras decisivas en relación con factores y procesos de interés general (propiedad del suelo, preservación de recursos escasos, conexiones estratégicas…), de implementación y desarrollo de las políticas comunitarias (transposición de directivas, ejecución de programas transfronterizos, aprobación y tramitación de los Planes de Desarrollo Regional…) y de articulación de las relaciones entre la Comunidades Autónomas (mesas sectoriales, comisiones interadministrativas…).

Una visión de conjunto de la evolución del territorio español sigue siendo imprescindible y debe ser periódicamente formulada con el nivel de vinculación que se establezca.

Las funciones orientadoras del Consejo de Europa y de la Comisión Europea en ordenación del territorio seguirán teniendo valor e interés en un fututo inmediato, tanto por su contribución al impulso y homologación de unas prácticas poco asentadas, como por sus realizaciones en apoyo de una mayor cohesión territorial y una mejor articulación física del continente europeo. La definición y ejecución de las redes transeuropeas, la disminución de las diferencias regionales –al menos en el plano económico- y la progresiva unificación de derechos y deberes de todos los ciudadanos europeos están haciendo realidad la existencia de una Europa más unida y abriendo la posibilidad de una nueva cultura de la territorialidad.

La escala global es de imprescindible consideración intelectual, ética y para la acción. El pesimismo, aunque comprensible en la actual coyuntura histórica, no puede ser asumido como actitud política. Los organismos e instrumentos de gobernabilidad a escala planetaria tienen que ser reforzados por el bien de las generaciones futuras. Otro mundo (mejor) tiene que ser posible.

La planificación, la sostenibilidad ambiental, la participación pública y la transparencia, la agilidad de la ejecución del planeamiento y la potenciación de la disciplina urbanística suelen acompañar a los diversos articulados y a la exposición de motivos de este tipo de leyes y planes urbanísticos (que tienen rango legal) de cualquiera de nuestras ciudades. El viejo concepto de ciudad y los nuevos fenómenos territoriales, desbordando los límites administrativos por parte de la urbanización han conducido a la superación y a su sustitución por otros, Áreas metropolitanas y micropolitanas, aglomeraciones, conurbaciones, sistemas urbanos diarios (daily urban systems), mercados de trabajo locales (local labour markets), regiones urbanas funcionales (functional urban regions), megalópolis, megaciudades regionales (mega-city regions), han sido, entre otros, conceptos con los que se ha intentado sustituir la “caduca” noción de ciudad.

La organización territorial fundamental del Estado español quedó dividida en Municipios, división inferior del organigrama administrativo, con cierta autonomía a través de los Ayuntamientos, los cuales a veces se agrupan en mancomunidades con el objetivo de reducir gastos y llevar una política integral y acorde a las necesidades de la zona, Provincias, entes locales cuya jurisdicción se extiende a un grupo de municipios, con las Diputaciones Provinciales centralizando y jerarquizando las actividades municipales, y las Autonomías.

Actualmente cobra fuerza el uso del término “región”, gracias a la división establecida por la Unión Europea del mapa de sus países miembros. Nos encontramos de este modo con 64 grandes regiones y con 167 regiones administrativas básicas, que en el caso español coinciden con las Comunidades Autónomas. Desde este punto y tomando la definición de la Asamblea del Consejo de Europa, la región aparece como instrumento fundamental para cohesionar las directrices políticas, socioeconómicas y culturales, que se dictan desde Bruselas. La incorporación a la Unión Europea supuso (y supone) por un lado, que en el entorno de la política regional comunitaria, las Comunidades Autónomas pasen a considerarse como regiones de planificación o regiones “plan”, en tanto que esta política se sustenta en las directrices trazadas por los programas de desarrollo comunitario. Por otro lado, se plantea una nueva situación debido a que si bien es cada Estado quien debe diseñar su particular política de desarrollo regional y de corrección de desequilibrios, toda ayuda financiera ha de ser previamente acordada por los organismos comunitarios. La agrupación de regiones de cara a tipologías clasificatorias se fundamenta en criterios de orden socioeconómico. Con el fin de corregir los desequilibrios territoriales, existen instrumentos con los que cuenta la política regional para alcanzar sus objetivos.

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