El pasado 30.5.2017 se celebró en el Club de Debates Urbanos una interesante reflexión con el inquietante título de Pensiones, ¿nacemos pocos o morimos tarde?, la distopía de las pensiones, con la participación de tres pesos pesados, lúcidos y libre-pensadores, Ignacio Duque Rodríguez-Arellano (sociólogo), Julio Vinuesa Angulo (catedrático de Demografía en la UAM y Juan Antonio Fernández Cordón (economista, demógrafo e investigador del CSIC), presentados por Concha Denche (sin mucha voz) de la Junta del CDU.

Por una parte, la «academia» compuesta por sociólogos, economistas y demógrafos compartiendo en un espacio común de pensamiento sus investigaciones

Y por otro lado, hoy mismo, el INE nos responde con la estadística fría de los últimos datos sobre los indicadores demográficos (provisionales de 2016) relativos a natalidad, mortalidad y por tanto saldo vegetativo (finalmente negativo, por 2ª año consecutivo).

Ignacio Duque presentó un análisis sobre las transferencias generacionales (NTA en inglés National Transfer Account) y como experto e incisivo investigador, aportando dudas sobre el rigor y las correcciones necesarias para precisar los resultados (a nivel nacional e internacional). La Tasa de Dependencia (el índice demográfico que expresa la proporción existente entre la población dependiente y la activa, de la que aquella depende) incluye abusos y malos usos; la ausencia de las transferencias de activos patrimoniales (tan importantes en la cultura mediterránea) no están plenamente incorporados al NTA; o la ausencia del trabajo no incluido en el mercado, la financiación infantil, o la cooperación entre generaciones, forman parten de los nuevos fenómenos sociales que han de incorporarse como imprescindibles y más en tiempos de postcrisis.

El asunto en cuestión versa sobre el sistema de cuentas que provee estimaciones de las transferencias económicas entre personas de distinta edad o generación. Estas transferencias se originan en la necesidad de que en un período determinado, los individuos que consumen más de lo que producen (básicamente niños y ancianos) sean financiados por quienes producen más de lo que consumen. Y se incluye en un proyecto internacional, The National Transfer Accounts project (www.ntaccounts.org).

«…Es indudable la necesidad del análisis interdisciplinar. El desarrollo de las políticas públicas de bienestar viene impulsado por dinámicas sociopolíticas que condicionan la evolución de la distribución inter e intrageneracional de la renta. En ese sentido, la distribución de recursos públicos propiciada por estas políticas públicas es el producto de decisiones gubernamentales sobre las que pesan factores que se analizan desde la sociología y la ciencia política. El análisis sociopolítico ha puesto de manifiesto que el peso demográfico y social de ciertos segmentos sociales, articulados en forma de movimientos y grupos de presión organizados, ha influido sobre las líneas de desarrollo histórico de los estados de bienestar, forjando perfiles institucionales característicos. A estos perfiles (llamados habitualmente regímenes de bienestar) les corresponden mecanismos específicos de distribución de recursos por parte del sector público, que influyen indirectamente en la distribución privada de recursos entre hogares…

Pensiones y educación: efectos combinados sobre la distribución inter e intrageneracional de la renta. Concepció Patxot. Universitat de Barcelona (UB). Cuadernos de la Fundación General CSIC, Nº 8. LYCHNOS

«…La estructura de edades de la población influye en la economía por una razón muy simple: el comportamiento económico de los individuos evoluciona a lo largo de su vida. Hay variaciones relacionadas con la escolaridad, la participación en el mundo laboral y la educación de los hijos, así como con la productividad, el ahorro y el consumo. Por lo tanto, la transición en la estructura etaria (por grupos de edad) de la población influye en la proporción de personas que está estudiando, trabajando o se encuentra jubilada. Si se mantienen constantes otros factores, las poblaciones que se concentran en edades en que predomina el ahorro o que tienen mayores ingresos, tendrán efectivamente tasas de ahorro o rentas per cápita superiores.

En las últimas décadas destaca especialmente el aumento relativo de la población en edad de trabajar y, por lo tanto, empleada en el ámbito productivo. De este hecho se han beneficiado países como China, la República de Corea y España, en que más de la mitad de la población se concentra en las edades económicamente productivas. Contrastan con casos como el de Kenya, en que solo un tercio de la población se encuentra en edad de trabajar, lo que contribuye a que el nivel de vida del país sea bajo. No obstante, durante las próximas décadas influirá cada vez más en las economías el comportamiento económico de las personas mayores: si trabajan, si recurren a sus rentas y si sus demandas de servicios de atención a la salud son muy elevadas…»

Compartir + ahorrar: Flujos económicos entre grupos de edad

«…El problema del déficit del ciclo de vida se cuantifica comparando la producción y el consumo en cada edad. La solución se registra en dos flujos entre grupos de edad derivados de las actividades económicas de compartir y ahorrar. En primer lugar, los países pueden recurrir a transferencias netas para financiar los déficits de ciclo de vida de jóvenes y adultos mayores. Los superávits mostrados en el panel inferior del gráfico 1.4, pueden ser destinados a niños y adultos mayores a través de instituciones públicas o privadas. Sin embargo, incluso un examen superficial de los datos sobre India o Alemania revela que el superávit total es muy inferior a la suma de los déficits de menores y adultos mayores. En algunos países, como México, Nigeria y Filipinas, las transferencias netas desde el resto del mundo contribuyen a aumentar las transferencias que realizan los grupos en edad de trabajar, aunque en la mayoría de los países se trata de flujos modestos. Los activos permiten generar los recursos adicionales necesarios para financiar los déficits del ciclo de vida…»

Ignacio Duque alerta desde su investigación, de la única gran verdad, «..hay que explicar a la sociedad lo que realmente está en juego, sin engaños…»

Ya en el Seminario de la Seguridad Social en la UIMP (Santander, Julio 2011, “Indicadores sociodemográficos y desafío social del envejecimiento”) planteaba la necesidad de realizar una reflexión (personal) sobre un tema muy relevante en la actualidad: la relación entre demografía y pensiones, o más precisamente, la relación entre los indicadores demográficos (actuales y futuros) y la generalmente denominada insostenibilidad de los sistemas de protección vigentes.

El estado de la población mayor en España, 2017.

– Según los datos del Padrón Continuo (INE) a 1.1.2016 hay en España 8.657.705  personas mayores (65 y más años), el 18,4% del total de la población (46.557.008). Se constata un aumento respecto al año anterior, en una población total que disminuye. Aumenta en mayor medida la proporción de octogenarios

– El sexo predominante en la vejez es el femenino. Hay 4.940.008 mujeres y 3.717.697  hombres.

–La generación del baby-boom iniciará su llegada a la jubilación en torno al año 2024. La presión sobre los sistemas de protección social continuará aumentando y será muy notable en la década de los 40.

– Castilla y León, Asturias, Galicia, País Vasco, Aragón y Cantabria siguen siendo las comunidades autónomas más envejecidas con proporciones de personas mayores que superan el 20%. Canarias, Murcia y Baleares son las comunidades con proporciones más bajas, por debajo del 16%. Cataluña, Andalucía, y Madrid son las comunidades con más población de edad, y superan el millón de mayores cada una.

– El mayor número de personas de edad se concentra en los municipios urbanos; por ejemplo, en los dos municipios más grandes de España (Madrid y Barcelona) viven casi un millón de personas mayores (995.589), más que en los 5.864 municipios rurales. Sin embargo, el envejecimiento (la proporción de personas mayores respecto del total) es mucho más acentuado en el mundo rural.

Recordemos aquí, la publicación «Crisis, distopía y culpa: nueve piezas para un rompecabezas sobre la Población», perteneciente a MADRID. MATERIA DE DEBATE. 2003-2013 en el Club de Debates Urbanos (los persistentes condicionantes del solar hispano; otras crisis más para el doble de trabajadores; duplicación de la reducción salarial; Laboriosos que no consiguen añadir mucho valor y perezosos que generan mucha riqueza; El sostén económico del Estado en la crisis pivota crecientemente sobre los asalariados; Cuentas patrimoniales y migraciones; El laberinto estadístico de la pobreza y la desigualdad; El grupo de poder económico como gran ausente; Insostenibilidades que no lo son, y al revés).

Continuó el debate con la presencia de Julio Vinuesa Angulo, y la «Dimensión Territorial de la Dinámica Demográfica», poniendo de manifiesto dos verdades científicas intolerables: el desinterés por el conocimiento demográfico, y el alarmismo-manipulación de los datos, poniendo sobre la mesa casos concretos relativos a la población, ¿cuántos somos?, ¿crecemos?, ¿cómo somos?, ¿cuántas viviendas hay?, la demanda potencial de vivienda, las imprecisiones Vivienda-Hogares, los flujos de hogares, etc… Muchas décadas le conceden grado de autoridad incuestionable en el campo de los estudios demográficos, estudios urbanos, estudios sobre viviendas.

En «La dimensión territorial de la crisis de la vivienda y el despilfarro inmobiliario residencial», Vinuesa Angulo, J.; Porras Alfaro, D. Cuad. relac. labor. 35(1) 2017: 101-126, analiza

«…tras el último boom inmobiliario y la consiguiente crisis, con efectos económicos sobradamente conocidos, hay que volver a insistir sobre la necesidad de abandonar un modelo de desarrollo urbano gobernado por el negocio inmobiliario y ajeno a criterios de racionalidad, equidad y sostenibilidad en el uso del territorio y en la construcción de espacio residencial. La vivienda, antes que un alojamiento, es un activo económico. Su mercado es la pieza fundamental de ese modelo que ignora su papel estructurante del territorio y su condición de espacio necesario para satisfacer un derecho básico. Se propone una reflexión sobre las raíces del actual modelo y se subrayan sus consecuencias en forma de despilfarro territorial y en el agravamiento de las dificultades para acceder al uso de una vivienda digna y adecuada. Finalmente, se hacen valoraciones a nivel local de los efectos del actual modelo, de las necesidades de vivienda y de las oportunidades de utilización del parque residencial existente…»

Me permito trasladar, sus conclusiones, las cuales comparto en su integridad,

«…La última “burbuja” y el consecuente periodo de crisis inmobiliaria han hecho especialmente evidente la necesidad de un cambio de modelo en la utilización del territorio para poder dar una adecuada respuesta a las necesidades de vivienda.

Las principales consecuencias de este modelo de construcción de ciudad, supeditado a los intereses económicos del negocio inmobiliario y desprovisto de la racionalidad que se supone deben imponer los poderes públicos en busca del interés general son: a) La sobreproducción de viviendas; b) el consumo innecesario de territorio; c) la falta de adecuación entre la oferta de viviendas y las necesidades derivadas de la dinámica sociodemográfica; y d) las grandes dificultades que siguen teniendo que afrontar la mayor parte de los hogares para satisfacer el derecho básico fundamental de disponer de una vivienda digna y adecuada.

En los ámbitos locales el modelo de crecimiento en torno al ladrillo se ha percibido como la única opción para un desarrollo fácil y rápido, en competencia con los territorios circundantes. La planificación urbanística y territorial no se ha servido de la prospectiva sobre la dinámica de hogares, no se ha supeditado la construcción de viviendas al estudio previo de las necesidades específicas de cada ámbito. Por el contrario, siguiendo las pautas de un mercado en busca de plusvalías, se ha actuado considerando que la demanda de vivienda era ilimitada, se ha despilfarrado un bien limitado e irreproducible como el territorio y se han construido viviendas que nunca servirán para responder a las necesidades de alojamiento. No ha hecho acto de presencia la voluntad política de garantizar realmente el derecho básico a disfrutar de un alojamiento digno.

La dinámica demográfica anuncia una progresiva reducción de los flujos de nuevos hogares por emancipación y un incremento de las desapariciones por extinción, pero el cambio de modelo pasa por disponer de información fiable y adecuada sobre los flujos que alimentan el número y las tipologías de nuevos hogares a nivel local, porque la sobredimensión del parque a nivel nacional (1,4 viviendas por hogar) no impide que puedan darse situaciones de escasez de oferta adecuada para ciertos tipos de hogares en ámbitos concretos.

El despilfarro y los desequilibrios no son únicamente efecto de los excesos de los últimos años, también son consecuencia de no haber valorado adecuadamente la oportunidad de renovar una tercera parte del parque existente que, con más de 50 años de antigüedad, vive un proceso natural de reemplazo de sus moradores y está exigiendo intervenciones para su rehabilitación y su adecuación funcional a las nuevas demandas sociodemográficas.

La política de vivienda ha estado dirigida a favorecer la construcción y la compra, sin la menor preocupación por los efectos inflacionistas sobre los precios. Es un modelo que se mantiene prácticamente inmutable desde mediados del siglo XX, está concebido para apoyar a los sectores vinculados a la construcción y para fomentar la vivienda en propiedad, que se ha convertido en el único modo de tenencia deseable. El alquiler sólo puede aceptarse como un mal menor temporal. Probablemente, la existencia de soluciones de alojamiento social en alquiler para capas amplias de la sociedad, no sólo para los colectivos más vulnerables, habría evitado la mercantilización de las ayudas públicas de la VPO. Además, actuaría como un contrapeso al mercado enfriando las tensiones desarrollistas, apaciguando los precios, propiciando una reducción de las desigualdades territoriales y, sobre todo, cumpliendo el objetivo de asegurar un alojamiento digno y adecuado a todos los hogares (art. 47 de la Constitución Española).»

En el documento «Dinámica geodemográfica, espacio residencial y territorio en la Comunidad de Madrid» Julio Vinuesa Angulo (geógrafo) abordaba en 2013, a modo de reflexión, «…una defensa del enfoque metodológico que intente superar los planteamientos que desde los comienzos del planeamiento urbanístico en España otorgan a la dinámica demográfica un carácter independiente y determinante, a la hora de justificar la dimensión de los desarrollos residenciales. Se quiere llamar la atención sobre la necesidad de profundizar en el conocimiento de la interacción población-territorio en el contexto del proceso de metropolitanización, sabiendo que de la forma en que se produzcan esas interrelaciones dependerá la calidad de vida de los ciudadanos, el funcionamiento de las estructuras sociales y económicas y la sostenibilidad del uso de algunos recursos, especialmente del territorio.»

«…La dinámica geodemográfica de la CM sigue marcada por los efectos del proceso de desarrollo metropolitano. Las sucesivas fases de concentración y expansión propician una distribución espacial de poblaciones con composiciones desequilibradas y, por ello, sometidas a permanentes tensiones con otros elementos de la estructura territorial, especialmente con el parque residencial. El estudio aplicado de la dinámica demográfica para dimensionar las necesidades de vivienda exige, además de un más correcto manejo de las variables al uso, estimar los flujos de aparición y desaparición de hogares. Hay que superar la práctica que utiliza el planeamiento general para dar respaldo legal a injustificables desarrollos residenciales, basándose en simples estimaciones generalmente infundadas de futuros crecimientos de la población. La valoración de los factores geodemográficos, como variables interactivas, proporciona argumentos en favor del cambio del actual modelo de desarrollo urbano y de la necesidad de una estrategia territorial metropolitana que ordene y coordine las exageradas expectativas locales de crecimiento…»

Como ultima intervención, Juan Antonio Fernández Cordón, puso encima de la mesa una serie de principios básicos, a) llevamos 35 años con una tasa de fecundidad menor que la tasa de reemplazo, b) la realidad de la mayor longevidad desde hace más de 70 años supone un aumento en la esperanza de vida, c) la demografía es una ciencia de «largo plazo».

«…¿cómo afecta la disminución de adultos jóvenes a nuestra capacidad productiva? En otras palabras, ¿podría una población en edad de trabajar más reducida que la actual producir igual o más que ahora? La respuesta es sí. De hecho, ninguna proyección económica que convive con el catastrofismo demográfico anticipa a largo plazo una disminución del PIB. Por una parte, puede aumentar la participación en el trabajo. La tasa de empleo (porcentaje de ocupados en la población en edad de trabajar) es actualmente de 61% en España y podría fácilmente alcanzar 73 o 75%. Por otra parte, se esperan aumentos importantes de la productividad. De hecho, una de las amenazas para el futuro sería la robotización extendida que permitiría producir cada vez más con menos gente. Un espíritu ingenuo podría pensar que el problema demográfico, la falta de jóvenes, tiene aquí su solución. En vez de lo cual se nos presentan dos problemas: a la vez faltan jóvenes (demografía) y sobran jóvenes (robotización).

Si el PIB se mantiene (al menos), la renta media, per cápita, será aproximadamente la misma que ahora, al ser la población futura muy parecida a la actual. El aumento del número de viejos significa también una disminución de los que tienen menos de 65 años. Si pretendemos dedicar los mismos recursos que ahora, en términos de porcentaje del PIB, a una población de viejos que se habrá multiplicado por dos, su nivel de vida será la mitad del actual. Y, si el PIB, al menos, no disminuye, se dedicarán los mismos recursos que ahora a una población menor de 65 años que se habrá reducido, en un número aproximadamente igual al aumento de la de los viejos: su nivel de vida se incrementaría, por la única razón de que el de los viejos habrá disminuido. Se producirá una transferencia de rentas de los mayores a los menores. Es obligado preguntarse a quién beneficiará esa punción realizada sobre la renta de los mayores. No lo sabemos. Pero intuimos, basándonos en lo que está ocurriendo, que no irá a mejorar los salarios. En todo caso, el problema real que presenta a la sociedad el envejecimiento poblacional debe ser abordado desde la voluntad de mantener los niveles de vida de todos y, si existe un coste, que este se reparta de la manera más justa y no solo que sea soportado por los viejos, que no tienen culpa ni del momento en que nacieron ni de vivir más tiempo. Voy a terminar apoyando la conclusión del autor: hay que explicar a la sociedad lo que realmente está en juego, sin engaños…»

Juan Antonio Fernández Cordón (Doctor en Economía y demógrafo)

La demografía y la ecología comparten el problema de NO asumir el coste de la reproducción.

El futuro exige plantear la renovación del modelo económico de la sociedad.

Hemos de incorporar las variables demográficas al discurso de la ecología admitiendo la premisa de la imprescindible realidad tecnológica y viceversa.

Es la nueva triada del futuro: DEMOGRAFIA-ECOLOGIA-TECNOLOGIA

En 2006, desde el servicio de Estudios del BBVA en Chile, publicaban bajo el título de «Los desafíos del fin de la transición demográfica» una reflexión sobre la situación demográfica.

«…El siglo XX fue un siglo decisivo en la historia de la humanidad, marcado por la explosión demográfica y una mejora sin precedentes en las condiciones materiales de vida de la mayoría de la población mundial. Es tam- bién el siglo en que la humanidad tomó plena conciencia de habitar un ecosistema cerrado, de manera que las restricciones ambientales pasa- ron de ser problemas locales a globales. El pasado siglo también estuvo marcado por la culminación de la llamada “Gran Divergencia” (Pomeranz 2000), donde un grupo pequeño de países hoy desarrollados concentró el grueso del progreso económico material, mientras el resto del mundo crecía, pero mucho más lentamente. Solo en las últimas décadas de ese siglo comienza a insinuarse un proceso gradual de convergencia, liderado por China y otros países asiáticos.El siglo XXI es el periodo en el cual tendremos que lidiar con las consecuencias de estos fenómenos. La primera y más importante es que la población mundial seguirá aumentando significativamente, aunque dicho crecimiento se concentrará en los países y grupos que actualmente tienen menores ingresos. Por otra parte, al consolidarse el proceso de convergencia de ingresos, pero afectando ahora a varios miles de millones de habitantes en países en desarrollo, en vez de algunos cientos de millones en países desarrollados como ocurrió en el siglo XX, existe el riesgo muy concreto de que reaparezcan restricciones malthusianas, especialmente en el campo de las energías fósiles y posiblemente en el de los alimentos, así como efectos sobre el clima derivados de la actividad humana, que podrían frustrar el progreso material de la humanidad, y eventualmente poner en riesgo su propia supervivencia (Livi-Bacci 2012).

Una segunda consecuencia es que la proporción de ancianos en la población mundial va a aumentar a gran velocidad, primero en países que han avanzado más rápido en el desarrollo económico, pero seguido de cerca por el resto del mundo en desarrollo.Otro cambio importante es que la globalización, que hoy se encuentra muy extendida en los mercados de bienes y de servicios financieros, posiblemente llegará con más fuerza a los mercados de trabajo. Por una parte, los trabajadores más cualificados ya enfrentan hoy un mercado global en algunas profesiones (servicios de salud o minería son algunos ejemplos) y para ellos las restricciones a la migración se han relajado. Pero además veremos migración impulsada por los desequilibrios demográficos: aquellos países más ricos, que verán disminuir su población en edad de trabajar y aumentar explosivamente la de ancianos, van a requerir inmigrantes. Tradicionalmente venían de países pobres cercanos (de América Latina a Estados Unidos, de los países colindantes con el Mediterráneo al norte de Europa) o que habían tenido vínculos coloniales. Las migraciones futuras ya no estarán confinadas a estos límites, ya que el descenso en los costes de transporte permiten que vengan de regiones más lejanas, desde países muy pobres, con tasas de crecimiento poblacional todavía altas y multitud de jóvenes en busca de oportunidades.Definitivamente el mundo de los próximos treinta o cuarenta años será muy distinto al actual, o al que conocieron nuestros padres y abuelos. Los procesos anteriores demandarán ajustes muy dramáticos en los que estará en juego no solo la calidad de vida de las futuras generaciones, sino su propia existencia. En estas décadas la humanidad afrontará desafíos sin precedentes, excepto quizás por los derivados de la entrada en la “era atómica”…

ALGUNAS CONSECUENCIAS POLÍTICAS DEL ENVEJECIMIENTO GLOBAL

…La explosión demográfica de los últimos dos siglos y medio en buena medida se explica por la ampliación en la disponibilidad de recursos gracias a los avances tecnológicos y económicos, especialmente la aplicación de energías fósiles a las actividades productivas y de transporte asociados a la Revolución industrial. A comienzos del siglo XXI, cuando los países en desarrollo que comprenden más del 80 % de la población mundial están entrando en un proceso de crecimiento económico acelerado, cerrando gradualmente las brechas de ingreso respecto de las economías más avanzadas del mundo, hay síntomas de que la restricción de recursos a nivel global puede volver a ser un factor limitante de las actividades humanas y en último término poner un freno al aumento de la población. Por una parte, los precios relativos de alimentos, energía y metales han aumentado significativamente desde mediados de la década anterior. Lo que al comienzo parecía un ciclo habitual de precios de materias primas, tiene hoy convencidos a muchos de que hemos entrado a un “superciclo” derivado de problemas para abastecer el fuerte aumento de la demanda por estos recursos provenientes del mundo en desarrollo. Sin embargo, a nivel global también aparecen amenazas derivadas de la limitada capacidad del planeta para absorber desechos y emisiones, sin que ello afecte a variables clave como el clima (Wilson 2002; Sachs 2008).

Algunos de estos problemas, especialmente los derivados de la escasez de recursos, han sido resueltos en el pasado gracias a los avances tecnológicos, lo que ha permitido que en la mayoría de los casos los precios de las materias primas muestren una tendencia decreciente o constante en plazos muy largos. Si bien el tema de la eventual escasez de lo que hoy son fuentes de energía tradicional (hidrocarburos) parece especialmente crítico por su relevancia para todas las actividades humanas, se observa una capacidad de respuesta de la innovación a los altos precios de la energía que permite tener confianza en que la tecnología será capaz de dar las respuestas, aunque sin certeza respecto de la oportunidad y forma de esa respuesta. Por sí solas, las limitaciones de recursos no parecen ser hoy los obstáculos que puedan cambiar radicalmente el panorama demográfico en el presente siglo.

Sin embargo, los potenciales efectos sobre el clima y la contaminación son problemas más difíciles de abordar. Por una parte, sus efectos son acumulativos y tardan más en manifestarse. Por otra, en la mayoría de los casos hay externalidades que impiden que los costes asociados a estos problemas se reflejen adecuadamente en los precios, por lo que las personas, empresas y gobiernos no tienen incentivos directos para cambiar. Estos problemas se ven agravados por ser fenómenos de carácter global, y por la inexistencia de entes supranacionales con capacidad normativa y ejecutiva para abordar este tipo de problemas. Adicionalmente, la investigación científica sobre estas cuestiones es todavía muy reciente y persisten muchas incógnitas.

Hoy parece razonable afirmar que la humanidad ya ha llegado a una etapa intensiva de explotación de las capacidades del planeta. Aumentos de la población y de las condiciones materiales de vida requieren cambios tecnológicos profundos que permitan aumentar las actuales capacidades del planeta o bien reducir los impactos adversos de las actividades humanas sobre ellas. Como estos cambios no ocurren en forma continua y universal, es altamente probable que en las décadas venideras aumenten los conflictos por recursos, por una parte, y que países o comunidades sufran calamidades derivadas de fenómenos climáticos. Estos no se distribuirán de forma homogénea y afectarán de distinta manera a diversos países y comunidades, dependiendo, entre otras cosas, de su nivel de desarrollo económico, su perfil demográfico y también de su geografía.

En aquellos países más avanzados en la transición demográfica y que en su gran mayoría pertenecen al grupo de las economías más desarrolladas del mundo (China y Rusia serían las excepciones más importantes), el mayor desafío será balancear adecuadamente las demandas por mayor protección social en la vejez, con los cambios necesarios para conseguir aumentos sostenidos en la productividad. Una esfera donde se manifestarán estas tensiones es en el ámbito fiscal. La evidencia de las últimas dos décadas, especialmente en Japón y Europa, es que la disputa por estos recursos normalmente se termina traduciendo en mayor gasto en salud y seguridad social, compensados al menos en parte con rebajas en los gastos en defensa. Tal como destacan algunos analistas, esto posiblemente se traduzca en un aumento en la brecha de capacidades militares entre Estados Unidos y el resto de los países desarrollados, gracias a que dicho país sufre menos presiones por envejecimiento de su población (Jackson y Howe 2008; Haas 2012). Sin embargo, es posible que la actual supremacía de Estados Unidos sea cada menos eficaz en conflictos no convencionales en zonas alejadas y que requieran grandes despliegues de tropas, así como podrían ser eventuales crisis por recursos escasos a nivel local (agua, alimentos).

Otra área problemática para estos países y que de alguna manera se percibe actualmente en Japón es el balance entre las demandas de una población anciana, cada vez más numerosa y con mayor peso político y las de familias más jóvenes cuyas prioridades están sesgadas por horizontes de referencia más largos. Notas recientes de prensa respecto a Japón han destacado la preferencia de los pensionistas por un yen fuerte que abarate su consumo, lo que entra en conflicto con las de los trabajadores que ven amenazados sus empleos y salarios por la pérdida de competitividad. También se han mencionado conflictos por la agenda de reconstrucción de las zonas arrasadas por el maremoto de 2011, donde los ancianos presionan por una reconstrucción rápida y con pocos cambios, mientras las parejas más jóvenes están dispuestas a esperar más tiempo a cambio de mejoras en el entorno urbano.

China y Rusia, por su parte, harán frente a grandes tensiones derivadas del rápido aumento de la proporción de ancianos y la disminución en términos absolutos de su población en edad de trabajar. En términos macroeconómicos esto casi con seguridad va a significar una disminución relativa del ahorro nacional y un aumento del consumo, con impactos posiblemente positivos sobre los desequilibrios globales, pero con efectos menos evidentes en el escenario económico y social a nivel nacional. La demanda de mayor cobertura de previsión, salud y cuidados extendidos para los más ancianos va a provocar fuertes tensiones sobre la capacidad para diseñar e implementar instituciones, así como sobre la asignación de recursos fiscales. Es muy difícil que en esas condiciones estos países puedan mantener las actuales tasas de inversión y gasto militar. Además, ambos países son vulnerables a los efectos del cambio climático y deberán destinar cantidades crecientes de recursos a adaptarse. La gran duda es si en ese contexto serán capaces de mantener tasas de crecimiento elevadas. En el resto de los países de ingresos medios que están en las últimas etapas de la transición demográfica la situación es muy diversa, pero con algunos matices positivos comunes: todavía tie- nen por delante un par de décadas de “bono demográfico” en que crece en términos absolutos la población en edad de trabajar, en momentos en que comienza a disminuir la presión por ampliar la cobertura en el sistema educacional. Sus clases medias serán cada vez más extensas y los “bolsones de jóvenes” (youth bulges) se irán diluyendo, de manera que el riesgo de conflictividad social y quiebra de los sistemas democráticos podría disminuir (Madsen 2012; Urdai 2012). Sin embargo, también presentan vulnerabilidades derivadas de la insuficiente cobertura de la seguridad social y, en algunos casos, posibles impactos negativos derivados del cambio climático y dependencia de algunos recursos naturales. Dada la magnitud de este grupo y el hecho de que concentra el 40 % del aumento de la población mundial y de más de la mitad del PIB mundial en los próximos cuarenta años, lo que ocurra en este segmento será crucial para marcar la evolución del mapa de distribución del poder económico y social en el siglo, así como de la posibilidad de encarar con éxito los desafíos para contener y adaptarse al cambio climático. A nivel global, la lucha por los recursos y para hacer sostenible el desarrollo de la humanidad se va a dar en este grupo de países.

Por último, tenemos el grupo de países donde está comenzando la transición demográfica y que coinciden con los países más pobres del planeta. Esta zona será posiblemente el foco de los mayores conflictos por recursos y desastres ambientales, tanto por su vulnerabilidad al clima (por su fuerte dependencia de la agricultura para la subsistencia de gran parte de su población) como por la debilidad de sus instituciones y falta de recursos para adaptarse y mitigar estos problemas. Si bien ellos no tienen que afrontar todavía una presión por extender masivamente la seguridad social, sí la tienen para alimentar, proveer de salud y educación a su grande y creciente cantidad de niños. Por otra parte, muchos de ellos todavía deben encarar varias décadas con una elevada proporción de jóvenes, lo que implica una posible mayor probabilidad de que las tensiones desemboquen en conflictos armados. Parece difícil que estos países puedan resolver estos problemas por sí mismos y salir adelante sin ayuda del resto del mundo…»

Los desafíos del fin de la transición demográfica. Joaquín Vial, Clara Barrabés y Carola Moreno

Y el 22 de junio de 2017, escasamente 1 mes después de la conferencia, el INE publica el «Movimiento Natural de la Población (Nacimientos, Defunciones y Matrimonios). Indicadores Demográficos Básicos. Año 2016. Datos provisionales.»

Demoledor.

Sin reaccion.

 

La esperanza de vida al nacimiento aumentó en 2016, en España, en 0,5 años y se situó en 83,2 años. Consuela…?

Pero volvamos, a la pregunta inicial del debate, ¿nacemos pocos o morimos tarde?

Respuesta:

Nacemos pocos y morimos tarde